Los jueces
darían a conocer la resolución de la causa el próximo lunes. El ex intendente
de San Martín, Beroqui, se había amparado en sus fueros para la postergación
del juicio.
Esta
semana estaba previsto en los Tribunales de Esquel el inicio de un juicio
largamente postergado, en el que se investiga la venta directa del terreno
donde funcionaba la estación de servicios de expendio de combustibles en José
de San Martín, por parte del entonces intendente, Beltrán Beroqui, con el aval
del Concejo Deliberante.
La continuidad de Beroqui en la Intendencia, y el privilegio de no asistir a
debate amparado en sus fueros, fue un motivo central para la postergación del
juicio. Ahora, los abogados defensores plantearon varias cuestiones
preliminares, procurando lograr el sobreseimiento de sus defendidos. Los jueces
Víctor Sarquís, Ricardo Rolón y José Colabelli darán a conocer su resolución el
próximo lunes.
El Fiscal Martín Zacchino acusa al ex intendente Beltrán Beroqui; y a los ex
concejales Ricardo Baigorria, Sergio Millatur, Delia Antichipay, Jorge Vargas,
Rafael Barrientos, Fabián Schmering, Herminda Murga y María Kodzaman, de ser el
primero autor y los demás partícipes primarios, del delito de “incumplimiento
de los deberes de funcionario público”.
Según la acusación, el 5 de mayo de 2000, “Cachín” Beroqui enajenó una fracción
de terreno donde se encuentra emplazada la estación de servicios de expendio de
combustibles, también propiedad de la comuna, mediante suscripción de un boleto
de compra venta, que contó luego con la aprobación del HCD, y la firma Andes
del Sur SRL. sería la compradora.
Esta transacción habría sido realizada en forma directa, sin ajustarse a las
disposiciones legales vigentes, que establecen su realización en pública
subasta o mediante ofrecimiento público, o en su defecto por el procedimiento
de emergencia económica. Pero en este caso no se acreditó ni consignó, que este
bien originara pérdidas para la corporación municipal. Por lo tanto, sostiene
el fiscal que se omitió ejecutar las leyes con las que debía cumplirse.
Planteos de la defensa
Los defensores Marcelo Macayo, Santiago González y Julián Ripa, antes de
abrirse el debate, plantearon la prescripción de la acción, con diferentes
fundamentos según el caso. Pero básicamente señalando que la investigación
superó injustificadamente el monto de pena que el Código Penal prevé para el
delito que se pretende juzgar.
En el caso de los concejales, la defensa sostiene que ellos no pueden ser
alcanzados por la suspensión de la prescripción que se prevé para los
funcionarios que se mantienen en ejercicio de un cargo público y al amparo de
sus fueros, ya que habían cesado en su función hace mucho tiempo.
En este sentido, Martín Zacchino recalcó que la suspensión alcanza a todos los
coimputados, mientras uno se mantenga en ejercicio de la función pública.
También argumentaron los letrados en relación al plazo razonable de duración de
un proceso, indicando que en este caso está largamente excedido. En su
contestación, entre otros argumentos, el fiscal se refirió a los compromisos
asumidos por el país en materia de lucha contra la corrupción. El tribunal se
retiró a deliberar y fijó para el lunes próximo a las 16 hs. la lectura de la
resolución.#
